ComVoMujer: Un frente contra la violencia de género, en un continente extremadamente violento hacia las mujeres

Una vez más este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que recuerda el brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana. Fue en Colombia durante el cierre del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe donde se proclamó en 1981 la fecha  conmemorativa y no es casual: América Latina sigue siendo un continente extremadamente violento hacia las mujeres.

Las cifras de la región son alarmantes: Perú reportó oficialmente 130 víctimas de feminicidio entre enero y diciembre de 2010; el Observatorio Manuela de Bolivia registró  157 casos en 2011 y en lo que va del 2012 se registraron 97 decesos; en Quito, Ecuador, se reportaron 1831 feminicidios entre 2000 y 2006. Entre tres y cinco de cada diez mujeres de Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay son afectadas directamente por la violencia.

El III Informe Internacional Violencia contra la Mujer del Instituto de Estudios sobre Violencia Centro Reina Sofía de la Universidad Internacional Valenciana (VIU), que analiza comparativamente el estado de la violencia en 45 países desde el año 2000 hasta 2006, destaca que 11 de los 14 países que están por encima del promedio internacional  en este informe pertenecen a América Latina; entre los más violentos, se encuentran Bolivia y Paraguay.

Según ONU Mujeres, hoy en día 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia doméstica aún no es considerada un crimen. La región de América Latina y el Caribe, por el contrario, se encuentra entre las más avanzadas en el mundo jurídicamente: casi todos los países de la región ratificaron la  Convención de Belém do Pará, un instrumento especifico para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y cuentan con legislación que califica a la violencia de género como una violación a los derechos humanos de las mujeres. Pero como las cifras acusan, persiste una enorme brecha entre el deber ser de la ley y una realidad que apenas empieza a destaparse. Para lograr un cambio, no basta con la aplicación  efectiva de la legislación, se necesita asimismo introducir cambios socio-culturales.

Pues en sociedades multiétnicas y multiculturales como las latinoamericanas, la violencia de género  se manifiesta independientemente de las fronteras culturales, de clase o de nacionalidad. Se trata de un problema sustentado en las relaciones de poder estructural e históricamente desiguales, desequivalentes entre varones y mujeres, y que se inscribe en sociedades profundamente marcadas por el orden patriarcal, la discriminación y el racismo.

La influencia de la  iglesia católica más conservadora, así como el nivel de aceptación social e institucional de la violencia de género y su naturalización, son algunos de los factores que dificultan su abordaje. A estos factores se suman el subregistro y la resultante información deficiente sobre el tema, debido al hecho que generalmente la violencia se calla y se oculta por parte de las mismas víctimas.  Sacar a las mujeres del aislamiento y del silencio no es una tarea fácil, y menos en países con amplios sectores de población rural e indígena.
El programa ComVoMujer de la GIZ es un ambicioso intento por revertir esta situación. Orientado específicamente  a las mujeres indígenas, afroamericanas y de zonas rurales de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, ComVoMujer tiene como finalidad lograr un cambio de mentalidad para efectivamente proteger a las mujeres de la violencia de género así como erradicar prácticas discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos.

Las acciones y medidas del programa responden a una doble estrategia: por un lado, desarrollar las capacidades de los actores relevantes y por otro, hacer cumplir las convenciones regionales y los planes de acción nacionales contra la violencia de género a través de subsidios locales y medidas de asesoramiento. Esto incluye la mejora de los servicios estatales y no estatales en las zonas rurales y el fomento de  la cultura empresarial para combatir la violencia.

Un aspecto crucial del programa es su enfoque centrado en la colaboración y participación de “los tres pilares más importantes de la sociedad – entidades de gobierno, del sector privado y de la sociedad civil -”, según la directora del programa regional, Christine Brendel.  ComVoMujer parte de la base de que “sólo mediante un trabajo conjunto se logrará enfrentar eficiente y eficazmente un problema multidimensional que, para solucionarse, requiere del esfuerzo de todas y todos”. Considera por lo tanto prioritario trabajar con estos actores y vincularlos entre sí, promover el diálogo y el intercambio, generar redes y demás acciones similares. El trabajo en colaboración, de hecho, se reproduce en los distintos órdenes: entre los tres actores ya nombrados hacia el interior de cada país, entre los países participantes en el plano regional y entre Alemania y los países participantes en el plano  internacional, pues ComVoMujer propone la construcción de una plataforma de intercambio de conocimientos Sur-Norte. El programa aporta sus experiencias, las sistematiza y las pone a disposición del Estado alemán, prestando asesoría técnica al Ministerio para la  Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

Frente a la inacción y la falta de protección que ofrecen los Estados, ComVoMujer demuestra que aún queda mucho por hacer, al desplegar un abanico muy nutrido de medidas intersectoriales en distintos niveles. Entre otras, se firmaron convenios con cámaras empresariales para abordar la violencia de género en el ámbito de trabajo, se brindaron cursos de capacitación a las variopintas entidades que implementan las leyes: desde las  comisarías, los refugios, el personal médico hasta las autoridades de justicia comunitaria, las  fiscalías y las cortes -como las Brigadas de Protección a la Familia en Bolivia-, se realizaron encuentros de diálogo con entidades de mujeres, se promovieron mesas de informes y asesoría jurídica, se promovieron y difundieron leyes y proyectos de legislación, se llevaron a cabo actividades de prevención y promoción en comunidades locales y con entidades de mujeres, se diseñaron y promovieron campañas de información nacionales y otras actividades de sensibilización.

Ejemplo de la orientación del programa a las poblaciones indígenas es el documento audiovisual “Voces de dignidad” que el Grupo Sunu de Acción Intercultural de Paraguay está terminando, en base a una investigación en varias comunidades del país que tuvo como objeto relevar la percepción de las mujeres indígenas sobre género y violencia y, en casos de violencia, cuáles son los circuitos a los que se acude en busca de ayuda.

Mariana Franco, investigadora de este grupo que formó parte del trabajo de campo, contó que es la primera vez que el tema de género es investigado en comunidades indígenas paraguayas y señaló que todo este material quedó registrado audiovisualmente. Describió que en las entrevistas en profundidad, al partir de la discusión sobre género, en todos los casos salió el tema de la violencia. Destacó que para ninguna de las mujeres entrevistadas el tema de la violencia resultó desconocido, que “un 100%  de las mujeres conoce un caso en el seno de su comunidad”. Entre  las conclusiones, destacó que estas mujeres identificaron como violencia el que no se escuche su voz: “por más que hay participación, ellas manifestaron que… no se tiene en cuenta su voz”. A raíz de las entrevistas, las mujeres indígenas expresaron una enorme necesidad por conocer más sobre sus derechos; se detectó por lo tanto una demanda concreta de capacitación sobre este tema.

También Franco señaló la ausencia del Estado para responder a las necesidades de las mujeres en las zonas más alejadas de estos países. Quienes suelen acudir a la justicia comunitaria como alternativa señalan que tampoco es de utilidad para las víctimas de la violencia de género: la convivencia de los dos sistemas de justicia implica, a menudo, que las mujeres más bien terminan siendo revictimizadas en ambos sistemas. Como los códigos culturales y la justicia comunitaria de las comunidades indígenas son muy distintos a los oficiales, “entre las tareas pendientes del Estado se encuentra el armado de códigos interculturales y en varios idiomas para responder a la realidad lingüística de estos pueblos, así como la formación de promotoras comunitarias, que puedan asesorar en cuanto a las instancias a recurrir y derechos”.

En relación a la colaboración con el sector privado, Brendel explica que las formas específicas de violencia de género afectan al pleno desarrollo y la economía  de la región.  “Una vez que se les demuestra [a los empresarios] el impacto que la violencia hacia las mujeres tiene en su emprendimiento”, aclara, “se comprometen de manera asertiva en el marco de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial”. Éste fue el caso de  las empresas florícolas en Ecuador, quienes además de montar capacitaciones destinadas a su personal y establecer rutas críticas de apoyo en situaciones de crisis para la derivación a los servicios estatales correspondientes, incluyeron indicadores de violencia de género en el proceso de certificación Flor-Ec; similares procesos de capacitación tuvieron lugar en  21 empresas prestadoras de servicios de saneamiento y en la empresa pesquera TASA de Perú.

Los éxitos de ComVoMujer pueden medirse en la provisión y el fortalecimiento de capacidades y herramientas, en la apropiación de las medidas conjuntas y en la generación de medidas innovadoras para combatir la violencia en los países participantes. Brendel agrega que la asesoría técnica del programa y el proceso de trabajo realizado han llevado hacia una mayor visibilidad  y una percepción importante del tema para la región. Asimismo, la violencia de género se insertó por primera vez en el nuevo “Concepto para América Latina” del ministerio de cooperación alemán (BMZ). Ampliando el circuito de la cooperación internacional, las experiencias y ejemplos provenientes de este programa, además,  se podrán aprovechar en otras regiones,: de hecho, el ministerio alemán ya cuenta con competencias, ejemplos comprobados e insumos para definir estrategias innovadoras para futuros proyectos en este ámbito.